Más recaudación, ahora entre los 300

En México, por un lado, se camina aceleradamente, y por el otro se frena. Esto ocasionaría caer en una economía informal que no se pueda regularizar, y en detonar las transacciones en efectivo e incluso en la persecución de contribuyentes sin grandes fundamentos o conocimiento.

Vamos por partes. Desde febrero, y ahora en mayo, se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación para hacerlo más evidente.

Empresas y contribuyentes físicos que generen ingresos superiores a los 300 millones de pesos serán fiscalizados. En estos ingresos se incluirán bienes inmuebles y acciones que pudieran tener en alguna empresa, mercado de valores o cuentas bancarias, ya sea nacional o internacional.

No se sabe a ciencia cierta cómo se realizará el proceso, por ahora sólo son los directivos que trabajan en el sector público, de cierto nivel, quienes hacen su declaración patrimonial de forma anual. ¿Será que en breve esta declaración patrimonial se extenderá como requisito para todos los contribuyentes físicos o empresariales? No lo dude.

El gran “pero” es que la base tributaria no crezca y se siga apretando a los contribuyentes cautivos, porque se caería en la ampliación de las transacciones en efectivo, las cuales ya comenzaron a hacerse presentes con mayor frecuencia.

La economía informal no se reduce, por el contrario, se amplía, la generación de empleo no se reactiva y no se incrementa la inversión.

Otro de los grandes puntos que pueden ser un lastre, es la facultad que se está otorgando a varios directivos de tercero y segundo nivel. Tal es el caso del administrador general de grandes contribuyentes, específicamente para realizar función de fiscalización a personas físicas que se ubiquen dentro del grupo de los 300.

Así que ahora no sólo la titular del SAT, Raquel Buenrostro, podrá poner en pausa el certificado para facturar de una empresa o persona física que visualice está cometiendo irregularidades, sino algún directivo de tercero y segundo nivel. El gran problema, indiscutiblemente, es que la formación y nivel de preparación de la titular del SAT y de cualquier otro directivo, dista mucho de la especialización y rango de preparación.

Es una realidad que todos los países, incluido México, después de la pandemia requerirán de recursos y la fiscalización o cambios fiscales serán inminentes.

Pero habrá que tener cuidado para que no se conviertan en los enemigos del desarrollo económico y del empleo.

Ahí tenemos el caso del posible impuesto mínimo internacional que se busca impulsar en el gobierno de Joe Biden, a fin de que haya un gravamen mínimo requerido que se aplique a quienes en su país no tienen el mismo nivel de impuestos.

En México, nos dicen, se mantienen latentes posibles impuestos a herencias, patrimonio y algo relacionado con el ISR e impuestos directos, claro, a ciertos niveles o estándares. ¿Se volverá a pegar a quienes más tienen? Parece que es pecado tener.

Lo cierto es que la mayoría de los países de la OCDE tienen programas más sencillos en temas fiscales, auditorías y pago de impuestos. Y en México las cosas se complican de frente a una contabilidad en procesos de registro, facturación y ahora las cartas porte (es decir, cualquier empresa que transporte mercancía necesitará un CFDI que ampare la mercancía). Por decir algo.

¿Y las facturas ya no existen? Se dice en pasillos que hay un nuevo grupo, el de los consentidos.