Entrevista con José Medina Mora, presidente de la #Coparmex
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Vamos por partes. Al interior del Congreso, Senados, al mando de Alejandro Armenta y Diputados, que encabeza Dulce María Sauri, ya se analiza la iniciativa que plantea hacer del seguro de vivienda una obligatoriedad.
Práctica poco popular de primera instancia, sí. Atravesamos por una crisis económica que pega fuerte como país y en el bolsillo de todos, y ni que hablar de la inflación que todo encarece, al igual que los incrementos salariales que no han funcionado y las tasas de interés siguen subiendo.
Sin embargo, hablando de los seguros obligatorios, en México contamos con uno, el de responsabilidad social para automovilistas y que llevo poco más de 10 años hacerlo realidad. Su efectividad ha impactado principalmente en el desembolso de gastos de los ciudadanos e impacto en las afectaciones de autoridades.
Sólo hay que recordar las últimas cifras del INEGI, incluso antes de la obligatoriedad del seguro con daños a terceros, donde se contabilizan 36,000 muertes por accidentes viales, y ni que decir de los accidentes que se multiplican.
Ahora el análisis se enfoca en la vivienda. Un seguro obligatorio que va más allá del seguro crediticio por la compra de una vivienda que abarca el pago del mismo inmueble, es más que fundamental en un territorio que es altamente sísmico. Pero, no es suficiente, y lo hemos visto.
Familias que se quedan sin un lugar dónde vivir, sin años de ahorro, y más aún sin patrimonio familiar.
Considerando los últimos sucesos sísmicos donde han pasado cinco años y no se han resuelto todos los problemas de inmuebles, el seguro de vivienda toma más sentido.
Las bases de coordinación objeto de esta Ley tienen como finalidad la reducción sustancial del riesgo de desastres y de las pérdidas ocasionadas por los desastres, tanto en vidas, medios de subsistencia y salud como en bienes económicos, físicos, sociales, culturales y ambientales de las personas, las localidades.
Además de prevenir la aparición de nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes implementando medidas integradas e inclusivas de índole económica, estructural, jurídica, social, sanitaria, cultural, educativa, ambiental, tecnológica, política e institucional que prevengan y reduzcan el grado de exposición a las amenazas y la vulnerabilidad a los desastres, aumenten la preparación para la respuesta y la recuperación y refuercen de ese modo la resiliencia. En fin, esta herramienta que se gesta al interior del Congreso podrá ser benéfica más cuando no muchos programas contra desastres naturales se vieron diluir o reducir sus presupuestos.
Será que pasen 10 años más o que se logren acuerdos en pro de un país. Ya lo veremos.
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SDYA 4 de octubre de 2022
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