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Opinión

Revés al gobierno mexicano

Romina Román 7 de diciembre de 2021


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El anuncio del gobierno de Estados Unidos de otorgar estímulos fiscales a la compra de vehículos eléctricos que se fabriquen en ese país, será el inicio de una serie de medidas de presión para evitar que la administración del presidente López Obrador viole acuerdos firmados, avance a favor de la reforma eléctrica y de las energías sucias.

Si bien es cierto que la Ley Build Back Better Act que aprobó el congreso estadounidense busca fomentar la actividad económica de esa nación, también es una realidad que será una carambola de tres bandas, ya que la medida presionará al mandatario mexicano para que reconsidere la reforma eléctrica que implicará un impacto para inversionistas canadienses y estadounidenses, pero sobre todo, que promueve  el uso de las energías sucias.

Para quien pensó que la cancelación de la cervecera Constellation Brands, la tercera más grande de Estados Unidos, las temerarias declaraciones en contra de la desaparición de la OEA, la cercanía con el gobierno de Nicolás Maduro y de Cuba no tendrían ninguna repercusión, se equivocaron, ya que todo esto se suma a la convicción del presidente López Obrador de regresar al uso de hidrocarburos, así como a un falso nacionalismo.

Los congresistas estadounidenses no olvidaron la forma en la que se tomó la decisión de negar permisos para la construcción de Constellation Brands en Mexicali: una consulta popular con 27,973 votos.

Nos cuentan que el acuerdo del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) de detener la venta de la refinería de Deer Park a Petróleos Mexicanos, así como los estímulos a la industria automotriz norteamericana en detrimento de la mexicana es sólo el inicio.

Esta decisión del Congreso estadounidense y de aprobarse por el Senado, tendría un impacto brutal en el sector automotriz mexicano, el que representa el 4% del Producto Interno Bruto (PIB), poco más del 25% de las exportaciones y genera más de un millón de empleos formales.

Luego del anuncio, la Concamin fue de los primeros en reaccionar y argumentó que la decisión viola el Tratado Comercial entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC), así como con los convenios al amparo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Sin embargo, no hay que olvidar que el gobierno del presidente López Obrador ha dado varios reveses a las inversiones estadounidenses al dar marcha atrás a licitaciones que ya se habían aprobado y a los derechos de propiedad. Los que más saben nos adelantan que esto sólo es una probadita del poderío del vecino país y su impacto en la economía mexicana.

Banco del Bienestar en la mira

Otro tema que dará mucho de qué hablar en las próximas semanas es el contrato que firmó el Banco del Bienestar con el empresario costarricense Alfredo Urcuyo, quien se encargará de la administración de las operaciones y transacciones bancarias de las tarjetas de crédito y débito de la institución. La firma del contrato involucra el pago de 18 mil 313 millones de pesos.

Así las cosas…

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